El tribunal confirma la pena de un año y seis meses de prisión y la demolición de las terrazas, el kiosco, la caseta del montacargas (o güinche) de la playa, y la estructura acristalada construidas ilegalmente en El Bollullo.
El entorno de la playa de Bollullo ha sufrido un grave deterioro ambiental e impacto social desde el año 2017, cuando cambió la propiedad de estos terrenos y se iniciaron nuevas obras y actividades.
